Montería. Según el Jefe de la Oficina Jurídica de Montería, esa sería una de las principales razones por la que algunos comerciantes y propietarios de negocios apostados en el Mercado Central o Antiguo IDEMA, se negaron a abandonar los predios y decidieron iniciar un proceso legal en contra de la administración.
“Como eran uno contratos antiguos, cada comerciante pagaba alrededor de 30 y 40 mil pesos por cánones de arriendo mensual, allí había negocios grandes, rentables, lo cual era irrisorio, por eso creemos que algunos pusieron resistencia al proceso”, indicó.
Además, el funcionario reveló que con ellos se agotó un procedimiento en el cual primero, con base en un estudio técnico se detectó que las edificaciones estaban en grave riesgo de colapso y debían ser evacuadas.
“Para esos efectos se dictó un decreto a través del cual se dispuso que era un sitio que estaba en calamidad pública por su situación de riesgo y con base en ese decretó se les notificó a los comerciantes que tenían que devolver el inmueble”, dijo.
Según Frasser, este procedimiento es distinto al realizado con los vendedores estacionarios desalojados hace varios meses.
“La primera fue una recuperación del espacio público y la segunda se trató de la restitución del inmueble que la administración municipal tenía en arrendamiento con algunos comerciantes desde hace varios años”, subrayó.
Frasser, aclaró que la tutela interpuesta por los mismos comerciantes y que fue fallada a favor del municipio, fue lo que les obligó a cumplir la orden judicial de realizar el procedimiento de restitución de los locales.
Advirtió además que los comerciantes, Tendrán la oportunidad de volver a ocupar los inmuebles, una vez terminen los trabajos de remodelación, por el derecho de preferencia que les amparó la tutela, pero aclaró que no podrán ser utilizados para negocios como graneros o venta de abarrotes.
“La administración ha tomado la determinación de que eso sea un centro cultural y artesanal, por ende los negocios deben ser afines a esa actividad, pero ellos tendrán la oportunidad de tener preferencia para volverá a ocupar los inmuebles”, argumentó.
El jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía, dijo estar convencido de que jurídicamente obraron de buena manera, no obstante, reconoció que es posible que el municipio enfrente algún tipo de acción judicial, “pero tenemos los argumentos y pruebas para demostrar que actuamos conforme al derecho”, puntualizó.
