136 municipios en alerta extrema por posible riesgo para la segunda vuelta Presidencial

Bogotá. Luego del levantamiento de la tregua ofrecida por las FARC y el ELN hasta la semana anterior y el escalamiento de la violencia en algunas regiones del país (cuyos últimos episodios se ubican en Arauca y Caquetá con la muerte de cinco integrantes de la Fuerza Pública), el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de un estudio con fuentes en el terreno y sus 36 regionales a nivel nacional, elaboró un informe de riesgo...

La advertencia de la Defensoría del Pueblo incluye 54 poblaciones catalogadas con riesgo extremo y 82 con riesgo alto.

Bogotá. Luego del levantamiento de la tregua ofrecida por las FARC y el ELN hasta la semana anterior y el escalamiento de la violencia en algunas regiones del país (cuyos últimos episodios se ubican en Arauca y Caquetá con la muerte de cinco integrantes de la Fuerza Pública), el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de un estudio con fuentes en el terreno y sus 36 regionales a nivel nacional, elaboró un informe de riesgo electoral de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el próximo 15 de Junio.

El documento, que tiene en cuenta los escenarios que por alteraciones al orden público podría afectar el normal desarrollo de la justa democrática mediante infracciones a los derechos humanos, establece una reducción del 40%, en comparación con el año 2010, donde 223 municipios estaban en situación de peligro. En esta oportunidad, la alerta cobija a 136 localidades del país, 54 de las cuales fueron catalogadas con riesgo extremo y 82 con riesgo alto.

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Estas poblaciones están distribuidas en 15 y 21 departamentos de la geografía nacional, respectivamente, las regiones con mayor vulnerabilidad son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

En cuanto a los grupos con mayor incidencia frente a posibles acciones violentas o relacionadas con delitos electorales, aparecen las FARC y el ELN a la cabeza, que junto a las estructuras armadas post-desmovilización de las Autodefensas como El Clan Úsuga, Los Rastrojos, La Empresa, Los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, mantienen la presencia activa en decenas de municipios donde la confrontación, las amenazas, la extorsión y en algunos casos el desplazamiento forzado, atemorizan a las comunidades.

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Por esa razón, y teniendo en cuenta el buen comportamiento del orden público durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 25 de Mayo, la Defensoría del Pueblo, considera necesario que se mantenga el dispositivo de la Fuerza Pública en cabeceras municipales y zonas rurales, al tiempo que estima deseable la extensión de un nuevo cese al fuego por parte de los grupos armados ilegales, también llama la atención sobre tres corregimientos en particular, desde los cuales se han recibido denuncias sobre posibles presiones como consecuencia del conflicto. Son ellos Puerto Santander y La Victoria en el Amazonas, así como Barrancominas, en el departamento del Guainía.

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