La Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional con duración inicial de nueve meses, que busca proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos, ante el incremento sostenido de quejas y reclamos relacionados con barreras de acceso.
El plan, con alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.
La medida responde al aumento de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, con el objetivo de garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.
Entre los objetivos centrales del Plan de Choque se encuentran identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos, así como garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas.
El plan también busca fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio. Además, contempla reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.
Las acciones inmediatas en territorio incluyen visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos, requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario, mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias, y revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas o retardos en pagos.
La Superintendencia también activará prioritariamente mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
