Redacción. Ante la Comisión Ética del Senado de la República, el procurador general, Fernando Carrillo, afirmó que en el país hay un total de 19 gobernaciones y 17 alcaldías investigadas por presuntas irregularidades en el uso de recursos para tratar la emergencia por COVID-19.
El procurador señaló que en lo que respecta a los entes departamentales, se adelantan 43 procesos disciplinarios y 150 corresponden a alcaldías.
Carrillo indicó que uno de los principales errores de los mandatarios locales, ha sido “creer que la Ley de transparencia no aplica a contratos efectuados en época de emergencia”.
“Este ha sido una especie de pasaporte que tiene muchos para hacer la contratación a sus anchas, dependiendo de una serie de criterios subjetivos o de intereses políticos”, señaló.
Carrillo también agregó que, desde la Procuraduría General de la Nación, se han llevado a cabo 12 suspensiones preventivas de funcionarios y contratos.
Las suspensiones forman parte de la estrategia para la protección del patrimonio público y de acuerdo con lo expresado por el procurador general, algunas de las suspensiones realizadas son las siguientes:
-Suspensión del gobernador de Chocó
-Suspensión del alcalde de Calarcá, Quindío
-Suspensión del alcalde de Tierralta, Córdoba
-Suspensión del secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca
-Solicitud de suspensión de contrato para ambulancias en Putumayo
-Suspensión de contrato para provisión de alimentos en Armenia
-Suspensión de contrato por kits alimenticios en el departamento del Cesar
-Suspensión de contrato para la elaboración de un libro de la historia de un hospital en Cúcuta
