El ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, volvió a mostrar lo que el país no tiene. Colombia no cuenta con un escudo nacional antidrones contratado, ni con recursos asignados para comprarlo, ni con una fecha para ponerlo en funcionamiento.
Lo que hay son capacidades parciales y un cruce de acusaciones entre el gobierno actual y el anterior.
La acción ocurrió hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre. Según el primer balance de la Primera División del Ejército, murieron tres militares y al menos ocho quedaron heridos de gravedad.
Las víctimas fueron el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados regulares Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. La primera hipótesis apunta al ELN, aunque ningún grupo se ha atribuido el ataque.
El proyecto nació en enero de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció un escudo valorado en 6,2 billones de pesos. La primera fase costaría cerca de un billón por orden presidencial.
Hubo pruebas técnicas entre marzo y abril, y el Ministerio pasó a hacer la negociación en el exterior porque varias empresas no pudieron traer sus equipos al país.
Ese proceso terminó sin compra. Ahora Petro asegura que dejó el dinero para adquirir los sistemas este año y que el gobierno actual no hizo ninguna operación.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, lo desmintió: según él, los registros oficiales no muestran recursos apropiados para 2026, los 800.000 millones de la primera fase nunca llegaron, no existía un proceso contractual por 6,2 billones y el actual Gobierno Nacional no canceló ningún contrato.
Sánchez dio su propia versión. Explicó que tras siete meses de sondeo de mercado, en el que participaron 119 empresas de 21 países, los comités técnicos recomendaron no contratar porque ninguna oferta cumplía todas las necesidades operacionales. Agregó que su gestión creó el Grupo Antidrones del Ministerio y el Batallón Antidrones del Ejército, y que los informes quedaron en el empalme.
Las dos versiones coinciden en lo central: durante la administración Petro no se contrató un sistema antidrones integral. A eso se suma un dato que nadie ha aclarado.
Una respuesta oficial enviada a la Cámara de Representantes reportó 91.864 millones de pesos destinados a un contrato con Codaltec para desarrollar un sistema antidrones para el Ejército.
La ruta del gobierno de Abelardo De la Espriella tiene más anuncios que cifras. Mora habla de un plan de choque con presupuesto ordinario, apoyo a la industria nacional, un documento Conpes para garantizar financiación y una ley para controlar la importación y el uso de drones.
El presidente planteó dos frentes: equipos para detectar y neutralizar drones, y tecnología para que la Fuerza Pública también los use. Reconoció que las finanzas públicas complican la compra y no dio costos, equipos ni fechas.
En regulación hay algunos avances. El Gobierno anterior radicó el 5 de agosto un nuevo proyecto de ley sobre drones y antidrones, porque el primero se había archivado.
En octubre entró en vigor una resolución que exige declarar por anticipado la importación de drones y sus partes.
Mientras tanto, la amenaza sigue creciendo. El propio exministro Sánchez advertía que cada 13 horas hay un intento de ataque con drones contra la Fuerza Pública, y el sur de Bolívar, con Montecristo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití y Río Viejo, es una de las zonas más golpeadas. Hoy el escudo es una necesidad que ambos gobiernos reconocen, pero que no tiene contrato, presupuesto ni plazo.
