El transporte público de Montería atraviesa una encrucijada que amenaza su viabilidad, según advirtió Juan Diego Ochoa, empresario y representante del gremio taxista, durante la primera mesa técnica de ajuste tarifario convocada por la Alcaldía Municipal.
“Si subimos nos mata la informalidad, si no subimos nos matan los costos”, expresó Ochoa al describir el dilema que enfrenta el sector. El dirigente señaló que la competencia desleal coloca a los transportadores formales en una situación insostenible que pone en riesgo la continuidad del servicio.
El empresario alertó que tanto el transporte individual como el colectivo podrían desaparecer si las autoridades municipales no asumen acciones contra la informalidad.
“Necesitamos compromiso real de la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito. Sin ese respaldo institucional, el sistema colapsará”, manifestó.
Durante el encuentro, el gremio propuso establecer la tarifa mínima en 11.000 pesos, incremento moderado frente a los 10.000 pesos actuales, pese a que estudios técnicos recomiendan valores superiores a 12.000 pesos. La propuesta representa un ajuste entre 10% y 12%, rechazando el 23% que sugieren los análisis de costos operativos.
Ochoa explicó que elevar demasiado las tarifas generaría migración masiva de usuarios hacia vehículos informales, mientras que mantenerlas congeladas resultaría en pérdidas operacionales insostenibles para quienes cumplen requisitos legales y tributarios.
El año anterior, negociaciones similares derivaron en mantener la tarifa en 10.000 pesos, aunque evaluaciones técnicas indicaban 10.500 pesos. Para 2026, el sector condiciona cualquier acuerdo tarifario a medidas efectivas contra transportadores ilegales que operan sin regulación ni controles de calidad.
