Un cruce de mensajes en redes sociales entre el senador Alex Flórez Hernández, del Pacto Histórico y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, abrió una controversia sobre la presencia de manifestaciones políticas durante la Media Maratón de Montería, realizada este fin de semana en la capital cordobesa.
La polémica surgió luego de que Flórez compartiera un video publicado por un ciudadano en el que se observa a un grupo de personas portando banderas de Colombia y al parecer entregando gorras alusivas al movimiento político “Defensores de la Patria”, liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
A partir de esas imágenes, el congresista cuestionó que un evento organizado por entidades públicas pudiera convertirse en escenario de promoción electoral.
“Es inaceptable que en un evento realizado por la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería se esté haciendo proselitismo político abierto a favor de Abelardo de la Espriella”, escribió Flórez en su cuenta de X.
El senador agregó que los eventos y recursos públicos “deben estar al servicio de la ciudadanía” y no utilizarse como vitrinas de campaña para aspirantes presidenciales.
La respuesta del mandatario departamental no se hizo esperar. También a través de redes sociales, Zuleta rechazó los señalamientos y defendió el carácter abierto de la actividad deportiva.
“No papito, yo sí respeto la Constitución”, respondió el gobernador, quien sostuvo que en Córdoba se garantizan las libertades políticas y el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias electorales.
Zuleta afirmó además que la Media Maratón fue un evento público al que asistieron miles de personas y señaló que cualquier ciudadano pudo participar de la jornada deportiva o disfrutar de las actividades paralelas desarrolladas en la ciudad.
Hasta el momento no existe evidencia pública de que Abelardo de la Espriella hubiera participado en la carrera. La controversia se centra en la presencia de simpatizantes de su movimiento en las calles durante el desarrollo del evento y en el debate sobre los límites entre la expresión política ciudadana y el presunto uso de espacios institucionales con fines electorales.
