Todo indica que el Senado de la República le devolverá a la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre si Wadith Manzur, senador electo recluido en la Escuela de Carabineros desde el 19 de marzo, puede posesionarse el próximo 20 de julio.
El equipo jurídico de la corporación adelanta un análisis del caso y, por ahora, la conclusión que predomina es que el Senado no tiene competencia para resolver ese asunto.
El debate arrancó cuando el abogado Francisco Javier Araujo Morelos presentó un derecho de petición ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte, pidiendo claridad sobre si la medida de aseguramiento contra Manzur le impide ejercer el mandato que obtuvo en las urnas.
La Corte declinó pronunciarse, argumentando que no cuenta con atribuciones consultivas, y trasladó la petición a la Mesa Directiva del Senado. “La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento”, dice el oficio enviado al Congreso.
Según informó este viernes el medio La FM, el análisis jurídico interno apunta a cuatro conclusiones preliminares.
Primera: autorizar o negar el ingreso de un privado de la libertad a una curul es una decisión judicial, no legislativa. Segunda: si Manzur llegara a posesionarse, esa determinación le correspondería a la mesa directiva que asuma el 20 de julio, no a la actual, pues su situación jurídica podría cambiar antes de esa fecha. Tercera: el Congreso no tiene potestad para conceder ni limitar derechos políticos, eso le compete a un juez o a la propia Corte.
La cuarta conclusión involucra la figura de la silla vacía. El caso de Aida Merlano, quien no pudo posesionarse en 2018 y cuya curul quedó en manos del Partido Conservador tras su condena, es el antecedente más cercano.
Pero Manzur no ha sido condenado, lo que hace que ese camino tampoco esté despejado. La respuesta definitiva del Senado llegará a la Corte en las próximas semanas.
