El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un borrador de decreto con el que el Gobierno busca reintegrar a Colombia al Grupo Egmont, la red global que reúne a 182 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) dedicadas al intercambio de información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Colombia lleva más de seis meses por fuera de esa red tras una suspensión que tiene nombre propio, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el software espía Pegasus en septiembre de 2024.
Esas declaraciones generaron una ruptura de confianza con los socios internacionales de la red, que exigen como condición fundamental la confidencialidad absoluta de la información compartida entre unidades de inteligencia financiera. Al revelar públicamente datos sensibles vinculados a esa cooperación, Colombia incumplió los principios que suscribió al unirse al Grupo Egmont, un proceso que arrancó desde el año 2000 con los acuerdos de Gafisud y se consolidó con la Ley 1186 de 2008.
El decreto, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, establece tres nuevos artículos dentro del Decreto 1068 de 2015, reglamentario del sector Hacienda. El núcleo del texto es claro, la información que la UIAF reciba de una UIF extranjera solo puede entregarse al receptor que esa entidad autorice expresamente.
Si por razones de seguridad nacional o protección de derechos fundamentales se necesita compartirla con un tercero, el decreto obliga a consultar primero a la UIF remitente y esperar su aprobación.
El documento estuvo disponible para consulta pública en la página web del Ministerio entre el 17 y el 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011.
Estar fuera del Grupo Egmont tiene costos concretos, Colombia pierde acceso a una red de cooperación clave para rastrear flujos financieros ilícitos, lo que debilita la capacidad del Estado para investigar crímenes transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. El decreto representa el primer paso formal para cerrar esa brecha.
