Córdoba se ha convertido en un territorio hostil para los líderes sociales. En lo que va de 2023, seis personas que se han destacado por su trabajo en defensa de los derechos humanos han sido asesinadas.
El caso más reciente es el de Luis Mendoza, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Los Rosales del municipio de Sahagún. Su cuerpo baleado y con signos de violencia fue encontrado en jurisdicción del corregimiento Cintura, zona rural de Pueblo Nuevo.
Mendoza era un líder reconocido en su comunidad por su trabajo en favor de los derechos de los campesinos de la zona de La Mojana. Su asesinato se suma al de otros cinco líderes sociales que han sido asesinados en Córdoba en lo que va de año.
El 26 de agosto, Edwin Tapia Gaviria, líder reclamante de tierras y tesorero de la junta de acción comunal del corregimiento Palmira, fue asesinado en Tierralta. El 4 de febrero, en ese mismo municipio, Jorge Luis Jaraba Plata, líder campesino integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), fue acribillado a tiros.
El 25 de abril, Mary Cruz Petro, lideresa indígena del cabildo indígena Cantagallo de Ciénaga de Oro, fue asesinada en este municipio. El 10 de mayo, Luis Gabriel Pereira, activista de derechos humanos, fue asesinado en Ciénaga de Oro.
El 12 de junio, Emiro Nel Sánchez Medrano, reclamante de tierras y presidente de la Fundación de Restitución de Tierras (FUVIRTCAN), fue asesinado en San Pelayo.
La Defensoría del Pueblo ha denunciado que estos crímenes son una violación a los derechos humanos. La entidad exige a las autoridades medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la seguridad de los líderes sociales.
