La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes surgido tras el acuerdo de paz con las Farc, calificó como vergonzosa la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica.
“Vergonzoso. La Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica justo en época electoral. ¿¡Casualidad!? NO”, escribió la congresista en sus redes sociales tras conocerse el fallo del alto tribunal.
Ramírez cuestionó los tiempos de la decisión judicial y señaló que hay intereses políticos y económicos detrás de la suspensión del decreto presidencial.
“La derecha financiada por grandes empresarios blinda sus privilegios y bloquea a un Gobierno que busca el bienestar de la gente”, manifestó la senadora del partido de izquierda.
La legisladora acusó directamente a la Corte Constitucional de proteger los intereses de sectores empresariales específicos con su determinación.
“La Corte Constitucional ha decidido defender a los grandes empresarios de las tabacaleras y de las licoreras mientras decide golpear muy fuerte y económicamente al pueblo colombiano”, afirmó Sandra Ramírez.
La congresista sostiene que el alto tribunal escuchó argumentos sin fundamento de sectores políticos opositores al Gobierno para tumbar los impuestos que afectaban a los más ricos del país.
“Escucharon los criterios infundados de sectores de derecha que hicieron todo lo posible para que a los ricos del país no les tocara pagar más impuestos, pues la financiación de sus campañas políticas corría peligro”, declaró la senadora.
Ramírez cuestionó que esta decisión pueda considerarse democrática y advirtió sobre sus consecuencias para las poblaciones más vulnerables.
“Esto no es democracia, es un golpe directo a los más vulnerables de nuestro país, a la clase media y a los pobres, justo lo que no quería el gobierno nacional, muy pero muy grave”, puntualizó la representante de Comunes.
La reacción de la senadora contrasta con la postura de sectores de oposición, gremios económicos y analistas que respaldaron la suspensión provisional ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
El alto tribunal suspendió el decreto con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, argumentando que la medida presenta vicios de inconstitucionalidad y podría generar efectos irreparables en la economía mientras se adelanta el estudio de fondo.
