La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de imputación de cargos contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en la UNGRD. El organismo investigador contempla el delito de lavado de activos, que tiene penas entre 10 y 30 años de prisión y tráfico de influencias, informó este viernes la revista Cambio.
Fuentes del centro de servicios judiciales de Paloquemao revelaron a Cambio que la Fiscalía cuenta con evidencias que vincularían a Ortiz como intermediaria en la entrega de dineros.
“Ella era el enlace para el tema que sucedió en los carrotanques. Era una mensajera. Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega”, señaló Pinilla en mayo de este año, según pudo conocer el citado medio.
Según se estableció que los pagos realizados en octubre incluyeron 1.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle; 724 millones para Olmedo López y 342 millones que retuvo Pinilla. Según la fiscal del caso, estos movimientos se realizaron por instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
El contratista Luis Eduardo López se benefició con 7.821 millones de pesos del contrato irregular, de acuerdo con la investigación conocida por Cambio. Los sobrecostos en la compra de carrotanques superan los 14.000 millones.
“Enfáticamente, rechazo dichas afirmaciones calumniosas y presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre”, respondió Ortiz en un comunicado.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio, en enero de 2024 Pinilla pagó 4.276 millones a un prestamista anónimo que financió las coimas con interés del 2,6%.
