Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera presidencial para asuntos regionales, seguirá recluida en prisión. La Jueza Quinta Penal Municipal de Bogotá determinó que no procede su liberación mientras avanza el juicio por los hechos que le atribuyen en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.
La exfuncionaria enfrenta acusaciones por su participación en movimientos de dinero irregular. De acuerdo con las imputaciones, Ortiz actuó como canal de comunicación en operaciones que transfirieron recursos millonarios hacia funcionarios con influencia en el Congreso y en dependencias del Ejecutivo.
El equipo legal de Ortiz había presentado una solicitud de libertad argumentando que desde enero 24 de 2025 habían pasado 440 días sin que se realizara la audiencia de inicio de juicio oral. En su criterio, este retraso violaba sus derechos fundamentales y justificaba su salida de prisión por vencimiento de plazos.
Tras revisar detalladamente los archivos del proceso, la juez encontró discrepancias en esos números. De acuerdo con su cálculo, tan solo 222 días han corrido efectivamente desde la privación de libertad.
El resto del tiempo, explicó la magistrada, corresponde a ampliaciones solicitadas por los defensores de Ortiz y a trámites que su propio equipo ha promovido en la investigación.
La magistrada confirmó que Ortiz permanecerá detenida en tanto prosigue la preparación para el juicio oral.
Las acusaciones en su contra forman parte de una investigación que ha sacado a la luz uno de los mayores desvíos de fondos públicos en entidades encargadas de la respuesta a desastres en años recientes. El proceso se halla en etapa previa a la audiencia principal donde se debatirán las pruebas.
