La Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo 6 de marzo acusará formalmente a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La exfuncionaria está vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.
Ortiz es señalada de haber actuado como intermediaria en el pago de sobornos, recibiendo en octubre de 2023 una suma de 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según las investigaciones, el dinero habría sido entregado posteriormente a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso, como parte de un esquema de coimas.
El caso también involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien, de acuerdo con la Fiscalía, dio instrucciones para adjudicar contratos por más de 60.000 millones de pesos en favor de Name y otros 10.000 millones para Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes.
Dentro de las pruebas recopiladas, se menciona que González solicitó una adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de obra en Repelón, Atlántico, y pidió a Ortiz que organizara un encuentro con Iván Name y Olmedo López para fortalecer la relación y consolidar el acuerdo.
Ortiz, actualmente recluida en una guarnición militar, tiene hasta inicios de marzo para negociar un preacuerdo con la Fiscalía que le permita reducir su pena. De no lograrlo, enfrentará un juicio en el que se definirá su responsabilidad en el entramado de corrupción.
