Nacional. El Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en la subregión del San Juan, en el sur del departamento de Chocó. Mientras tanto, el Comando Central de la guerrilla ha ordenado a todas sus estructuras cesar las acciones ofensivas contra la fuerza pública a partir del 6 de julio hasta el 3 de agosto, cuando se inicia el cese al fuego bilateral.
Las comunidades de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan son las más afectadas por los enfrentamientos entre grupos ilegales. Un total de 41 comunidades afrodescendientes y 11 comunidades indígenas están confinadas, lo que suma alrededor de 8.275 personas, y seis comunidades han sido desplazadas, afectando a cerca de 700 personas.
La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención de las autoridades nacionales y locales para que garanticen la vida, integridad y derechos de libre movilidad y alimentación de las comunidades del San Juan. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reclamó coherencia al ELN, ya que mientras anuncian cese al fuego, sus estructuras generan terror en la región chocoana.
Horas antes del anuncio del paro armado, se registraron confrontaciones armadas entre grupos ilegales, en las que un adulto fue asesinado y un niño resultó herido en la vereda Chambacú, municipio de Sipí.
La situación ha generado una crisis humanitaria en la subregión del San Juan, con confinamientos y desplazamientos forzados de la población. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN, así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) y a todos los actores armados, para que respeten los derechos de las comunidades y permitan el acceso de misiones humanitarias a las zonas afectadas. También se solicitó al Estado atender a los habitantes de la zona y brindarles protección, ya que se encuentran en situación de victimización.
