Salvatore Mancuso, ex comandante paramilitar, presentó su posición frente a la tutela interpuesta por la Procuradora Judicial II Penal que busca anular su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023, después de haber estado en la jurisdicción de Justicia y Paz.
Mancuso argumenta que la Procuradora no ha demostrado errores procesales en la resolución que avaló su tránsito a la JEP.
El exjefe de las AUC sostiene que su paso a la JEP no vulnera los derechos de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, justicia, reparación y no repetición, sino que respeta el debido proceso de todos los involucrados.
Además, señala una “grosera contradicción” por parte de la Procuraduría General de la Nación, que inicialmente aprobó su comparecencia ante la JEP, reconociendo su vínculo con la fuerza pública y su rol como enlace entre militares y paramilitares, pero ahora cuestiona la constitucionalidad de esta decisión.
Mancuso critica que la Procuraduría pretenda definir su situación jurídica en apenas 11 renglones, cuando aún está pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre la competencia entre Justicia y Paz y la JEP para juzgar los crímenes del paramilitarismo en varias regiones del país.
Según el exparamilitar, la JEP es la mejor opción para él y para las víctimas, pues permitiría evitar la impunidad de más de 65.000 crímenes sin resolver, que están estancados en Justicia y Paz, donde se necesitarían casi 100 años para impartir justicia a cada víctima, de acuerdo con cifras de la Procuraduría.
