El decreto que eliminará la prima de servicios a los congresistas tendrá un efecto dominó en el sistema judicial colombiano. Los magistrados de las altas cortes verán reducidos sus honorarios porque estos se calculan tomando como referencia el salario integral de los legisladores.
La medida, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, suprimirá un pago mensual cercano a los $17 millones que actualmente reciben senadores y representantes. Esta decisión del Ejecutivo modificará automáticamente la fórmula con la que se establecen los sueldos de otros altos funcionarios del Estado.
Fuentes de los tribunales confirmaron que la eliminación de este beneficio alterará la referencia salarial que determina los ingresos de magistrados, procuradores y fiscales. El sistema de remuneración de estos cargos está atado al monto que perciben los miembros del Congreso.
El decreto comenzará a regir en julio de 2026 para los nuevos congresistas que lleguen tras las elecciones de marzo. Quienes ocupan actualmente las curules no experimentarán cambios inmediatos en su prima de servicios.
La norma fue expedida usando competencias reglamentarias del Gobierno, por lo que no requirió trámite legislativo ni votación en el Capitolio. El Ejecutivo justificó la decisión argumentando problemas en la caja fiscal y la necesidad de revisar beneficios económicos considerados excesivos tras el aumento del salario mínimo para 2026.
Aunque los funcionarios judiciales resultarían afectados por el contenido de la norma, no estarían obligados a declararse impedidos ante una eventual demanda contra el decreto, dado que el efecto sería general y unánime para todos los implicados.
