Más de 4.200 defensores públicos y contratistas de la Defensoría del Pueblo iniciaron este martes 20 de enero un cese de actividades en todo el país tras permanecer sin el pago de sus honorarios, situación que el sindicato de la entidad atribuye directamente al Ministerio de Hacienda.
El Sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) señaló en un comunicado que la crisis se originó porque el Plan Anual Mensualizado de Caja para el mes de diciembre no fue expedido a tiempo, a pesar de las solicitudes de la misma Defensoría para agilizar el trámite.
“La situación descrita constituye un grave menoscabo a los derechos fundamentales de quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables del país. Son trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan endeudamiento, precariedad económica, afectación directa a sus familias y una lucha diaria por la subsistencia”, indicó el sindicato.
Además del cese de actividades, los funcionarios convocaron a movilizaciones en las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín. Los defensores solicitan inicialmente el pago de los honorarios adeudados, así como un incremento salarial para 2026.
Los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a los defensores públicos a través de un comunicado emitido desde el Complejo Judicial de Paloquemao.
Los magistrados pidieron garantías dignas para hablar de derechos y justicia. “No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, concluyeron.
