El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, ha solicitado ser investigado por la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia tras las acusaciones de presuntas irregularidades en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Esta decisión surge como respuesta a una columna publicada por el periodista Daniel Coronell en la revista Cambio.
Las denuncias, basadas en supuestos intercambios de mensajes, sugieren que Racero podría haber solicitado parte de los salarios de miembros de su equipo y asignado personal público a labores en un negocio privado. El congresista ha negado categóricamente estas acusaciones.
Según la publicación, existen mensajes que insinúan una posible relación económica entre Racero y una de sus asesoras, Estefanía Montoya. Además, se menciona la presunta asignación de Leonardo García, otro miembro de su UTL, a tareas en un negocio de frutas y verduras propiedad del representante durante la pandemia.
Racero ha declarado su intención de cooperar plenamente con las autoridades para esclarecer estos señalamientos. “Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad”, afirmó el congresista en sus redes sociales.
