El conflicto armado en el sur de Bolívar se ha intensificado en los últimos meses debido a la disputa por el control de la minería ilegal entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, según un informe publicado por El Espectador y elaborado por el periodista Julián Ríos Monroy.
La región, conocida por su alta producción de oro, se ha convertido en un territorio codiciado por estos grupos armados, generando una crisis humanitaria que afecta a las comunidades locales.
De acuerdo con fuentes consultadas por Ríos Monroy, la extracción de oro en los municipios de la serranía de San Lucas genera alrededor de $100 millones mensuales. “El oro es lo que mueve la pelea, porque después de la crisis cocalera la minería se posicionó como el primer dinamizador de la economía”, afirma un habitante de la región citado en el informe de El Espectador.
El avance del Clan del Golfo ha sido de tal magnitud que el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, han dejado de lado su enemistad para unirse y enfrentarlos, sin lograr detener su expansión, según detalla el reportaje. Esta situación ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos y un aumento en la violencia contra la población civil.
En lo corrido de 2024, según los registros de la Unidad de Víctimas citados por El Espectador, al menos 2.073 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en la zona sur, mientras que otras 1.797 están confinadas. Además, se han presentado casos de reclutamiento forzado, extorsiones y explotación sexual.
Las comunidades denuncian la connivencia de miembros de la Fuerza Pública con el Clan del Golfo, lo que ha dificultado el control de la situación, según señalan fuentes consultadas por El Espectador.
Ante esta crisis, expertos y pobladores coinciden en la necesidad de una presencia integral del Estado en la región. “En el sur de Bolívar se necesita que el Estado organice su presencia de manera completa, que logre no solo el monopolio de las armas sino también de los impuestos, que dé soluciones para las carencias a nivel educativo y de salud, se fije en las afectaciones ambientales, que se piense una política de seguridad que responda a lo que ocurre en el territorio y, muy importante, que ofrezca garantías de protección a los líderes sociales”, propone un investigador de la Universidad de Cartagena citado en el informe de El Espectador.
