Unas 40.000 familias que habitan en La Mojana, subregión que se extiende a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, serán beneficiadas por una decisión del Tribunal de Cundinamarca, como respuesta a la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo a mediados del 2023.
Ante la situación de vulnerabilidad que aún persiste en la zona y el riesgo latente de nuevas inundaciones, el tribunal ordenó la realización de una mesa de trabajo interinstitucional en el plazo de un mes, bajo coordinación de la Defensoría, para revisar integralmente las problemáticas de La Mojana.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, cuyo ente viene haciendo seguimiento a la vulneración de derechos fundamentales tras el rompimiento del dique ‘Caregato’ en 2021. Fue esto lo que motivó la acción legal para exigir una respuesta estatal efectiva ante la crisis.
De acuerdo con lo ordenado, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Unidad de Gestión de Riesgos y otros deberán continuar las labores de atención a la emergencia con los recursos necesarios según sus competencias.
Además de buscar proteger los derechos e intereses de las comunidades afectadas, el recurso interpuesto tiene como objetivo la implementación de planes de prevención de desastres y conservación del frágil ecosistema ante los graves riesgos advertidos.
Entre otros puntos, el tribunal ordenó la actualización de censos de damnificados y sus características, así como estudios técnicos para disminuir la velocidad y presión de las corrientes hídricas mediante estrategias de dragado.
La Defensoría mantendrá cercanía con las familias afectadas en sus derechos a salud, vivienda, trabajo y alimentación entre otros, para garantizar una efectiva reparación.
