Más de 1.400 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el sur de Bolívar debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La presencia de minas antipersonal agrava la situación, dejando un saldo de cuatro personas heridas desde el 15 de enero.
Los municipios más afectados por esta ola de violencia son Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde la población civil enfrenta un clima de terror e incertidumbre. Desde enero de 2025, se han registrado al menos seis desplazamientos masivos y confinamientos en la región. De acuerdo con datos de la OCHA, entre el 16 de enero y el 7 de febrero, al menos 754 personas (307 familias) han sido desplazadas y otras 667 personas (216 familias) permanecen confinadas en 12 veredas de Santa Rosa del Sur y Montecristo.
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el 16 de enero, cuando 206 personas del corregimiento La Marizosa se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. A finales de enero, al menos 523 personas quedaron confinadas en distintas veredas de la zona debido a bloqueos ilegales y la presencia de artefactos explosivos.
Más recientemente, el 7 de febrero, 395 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plana huyeron hacia el corregimiento El Paraíso, mientras que 144 personas en Mina Piojó quedaron confinadas por orden de un grupo armado.
Ante la crisis, la Gobernación de Bolívar, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otras organizaciones humanitarias, ha implementado medidas de emergencia. Entre ellas, la entrega de kits de alimentos, la activación de rutas de atención psicosocial y la coordinación de acciones para garantizar la seguridad de las familias desplazadas.
Sin embargo, la OCHA advierte que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema y exhorta al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población afectada.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades nacionales e internacionales a reforzar la protección de los civiles y trabajar en la desactivación de los grupos armados ilegales que operan en la región. La comunidad internacional también ha sido llamada a brindar apoyo para mitigar los efectos de esta crisis humanitaria que sigue en ascenso.
