La Corte identificó que se está vulnerando el derecho a la educación en un colegio de Guaranda, Sucre

La Corte Constitucional ordenó a la Gobernación de Sucre que, en un mes, adopte medidas para evaluar las necesidades de personal docente, de aseo y de vigilancia


La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho a la educación de los estudiantes de la Institución Educativa Instegua, ubicada en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, tras constatar que la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación de Sucre vulneró este derecho debido a la ausencia de suficientes docentes, personal de aseo, vigilancia y seguridad.

La personera municipal de Guaranda solicitó el amparo al considerar que los reiterados traslados de personal generaron una prestación inadecuada del servicio educativo. Además, mencionó episodios de inseguridad que afectaban a la comunidad educativa.

«La Sala, en su análisis, consideró que se vulneró el derecho a la educación debido a la ausencia de docentes, personal de aseo, vigilancia y seguridad«, informó la entidad.

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En su análisis, la Corte aclaró las obligaciones de las entidades estatales para la prestación del servicio de educación, recordando que a las entidades territoriales les corresponde nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos al personal docente y administrativo.

Asimismo, resaltó que la educación no se garantiza únicamente con el nombramiento de docentes, sino que implica también la garantía de otros servicios, como el aseo y la vigilancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ordenó a la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación de Sucre adoptar medidas presupuestales y administrativas para evaluar las necesidades actuales de personal docente, de aseo y de vigilancia, y realizar las gestiones para su nombramiento en un plazo de un mes.

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Además, le ordenó al alcalde de Guaranda impartir a la Policía del municipio las medidas necesarias para asegurar la vigilancia y monitoreo constante de las sedes de la institución, con el fin de prevenir amenazas, hurtos y actos de vandalismo.

La Corte también ofició al Ministerio de Defensa para que acompañe, asesore y provea los medios para la estructuración e implementación de los planes de seguridad departamental y municipal. Igualmente, remitió copia de la decisión a la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que realicen un seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento de las órdenes impartidas.