La Procuraduría General de la Nación inició una indagación contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento del Magdalena. La investigación se centra en el presunto direccionamiento de contratos por un valor de $42.000 millones.
Según la denuncia conocida por el ente de control, la oficina regional del ICBF Magdalena habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General.
Las normas establecen que los contratos de servicios de educación básica para la primera infancia en Hogares Comunitarios de Bienestar deben adjudicarse a Asociaciones de Padres de Familia (APF) o grupos étnicos.
No obstante, el equipo directivo de la regional habría adjudicado más de $42.290 millones a las mismas fundaciones que han operado este servicio por mucho tiempo. Esta situación ocurrió pese a que existían asociaciones de grupos étnicos y organizaciones de padres y madres usuarias debidamente legalizadas para contratar.
La Procuraduría solicitó el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, y un informe que identifique a los funcionarios que han participado en los procesos de contratación durante la administración actual.
