Gobernador del Cesar, Luis Monsalvo Gnecco, condenado a cinco años de prisión

Monsalvo permanecerá inhabilitado para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 301,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


Redacción. Por presunta corrupción al elector, la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años y 20 de días de prisión al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

Además de la condena, Monsalvo permanecerá inhabilitado para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una multa  de 301,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El fallo condenatorio en primera instancia emitido por la Corte Suprema de Justicia responsabiliza a Monsalvo Gnecco de haberse comprometido el 16 de octubre de 2011 con 800 familias desplazadas a causa del conflicto armado, que residían en una invasión en la ciudad de Valledupar, a cambio de que apoyaran su primera candidatura a la gobernación del departamento del Cesar.

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Según lo indicado, el entonces candidato aseguró por escrito garantizar los derechos fundamentales a la vivienda digna e incluirlos en los proyectos de construcción de viviendas para el sector. Entre otros aspectos, Monsalvo también se habría comprometido a mantenerlos pasivamente en el inmueble.

“Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que estos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él”, dice el fallo emitido por la Sala de Primera Instancia de la Corte.

También se conoció que luego de que las autoridades municipales ordenaran el desalojo de los invasores, estos decidieron protestar para exigirle a Monsalvo el cumplimiento de lo pactado.

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Ante las protestas, el mandatario departamental habría enviado una carta, con fecha de junio de 2012, al ministerio de Vivienda en la que exponía un supuesto proyecto de vivienda que sería desarrollado en el predio donde se alojaban los invasores.

En la misiva, Monsalvo asegura que, desde la gobernación del Cesar, se podían aportar 5 mil millones de pesos para la financiación del proyecto.

La Corte aseguró que, para el 16 de octubre de 2011, el dueño del predio invadido adelantaba acciones legales ante las autoridades municipales, en contra de los invasores, por lo que Monsalvo no solo “formuló ofertas de solución de viviendas de aquellas que no se iban a cumplir”, sino que “las ofreció bajo el supuesto de mantener las invasiones de esos predios ajenos”.

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