Miles de habitantes de La Mojana permanecen excluidos de los censos oficiales de damnificados, situación que les impide acceder a las ayudas humanitarias y subsidios establecidos por las medidas cautelares decretadas hace un año para atender la emergencia en la región.
“Hasta el momento hay personas que no están incluidas en el censo de afectados, lastimosamente las entidades territoriales tienen que solicitar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que las habilite para realizar esas inscripciones”, explicó el abogado Manuel Navarro, especialista en derecho ambiental.
La situación se agrava debido a que la mayoría de las administraciones municipales no han gestionado oportunamente la actualización de los registros ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. De los municipios afectados, solo San Jacinto del Cauca ha logrado gestionar efectivamente subsidios de arrendamiento para sus habitantes.
La falta de inclusión en estos registros no solo impide el acceso a ayudas humanitarias inmediatas, sino también a los programas de alivio económico y condonación de deudas.
El incumplimiento en la actualización de los censos forma parte de las irregularidades señaladas en el incidente de desacato presentado en agosto de 2024 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta acción legal busca que se obligue a las autoridades a cumplir con las medidas cautelares ordenadas.
La crisis en La Mojana, que se aproxima a su cuarto año, ha elevado los índices de pobreza del 85% al 92%, situación que se complica para aquellos habitantes que, al no estar incluidos en los censos oficiales, quedan al margen de cualquier tipo de asistencia gubernamental.
