Los contralores de la región Caribe colombiana anunciaron una drástica medida legal en respuesta a la crisis energética que afecta a la costa norte del país. En una acción sin precedentes, presentarán una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar, solicitando la intervención y liquidación de las empresas Air-e y Afinia (Grupo EPM), responsables del suministro eléctrico en la región.
Esta iniciativa jurídica, que también se dirige contra la Presidencia de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, busca resolver de manera integral el problema de las alzas en las tarifas del servicio de energía que han afectado severamente a los usuarios del Caribe colombiano.
Yadira Morales, contralora del Atlántico, enfatizó la urgencia de la situación, señalando que están dados todos los requisitos legales para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios proceda con la toma de posesión e intervención de Air-e, la compañía que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Por su parte, Angélica Olarte, contralora de Valledupar, confirmó que están recopilando evidencias para fundamentar la acción popular. Esta medida se toma después de que un juzgado sancionara al representante legal de Afinia por desacato a un fallo de tutela previo.
Los contralores argumentan que la intervención y eventual liquidación de estas empresas es necesaria debido a la falta de inversiones prometidas y al incumplimiento en la mejora del servicio.
