La licencia ambiental se perfila como una herramienta fundamental para garantizar el monitoreo y la protección de los ecosistemas potencialmente afectados por el Megaproyecto de Restauración del Canal del Dique, según lo manifestó la ingeniera ambiental Daniela Rojas Ulloa.
Rojas destacó que este instrumento es esencial para realizar un seguimiento adecuado del estado actual de los ecosistemas y, a partir de ello, diseñar medidas de prevención, mitigación y compensación que permitan un desarrollo sostenible del proyecto.
Asimismo, la experta señaló que las comunidades ven en la licencia ambiental una oportunidad para conocer de primera mano la realidad del territorio y las posibles implicaciones de la intervención en el canal.
“Para conocer el estado de nuestros ecosistemas y para que a partir de ese conocimiento realmente se puedan diseñar las medidas apropiadas de manejo en protección del medio ambiente; hay que pensar que somos un Estado todos, no solamente es el Gobierno Nacional, todas las comunidades también hacemos parte de este Estado y una licencia ambiental es quizá un elemento articulador para que podamos todos propender por la protección al medio ambiente”, enfatizó.
Rojas hizo un llamado para que el proceso de licenciamiento involucre activamente a las poblaciones locales, teniendo en cuenta sus conocimientos ancestrales y su relación intrínseca con los recursos naturales de la zona.
De esta forma, la licencia ambiental se podría convertir no solo en un requisito legal, sino en una herramienta de participación ciudadana que permita a las comunidades ser parte activa en la toma de decisiones sobre el futuro de su territorio y los ecosistemas que lo componen.
“Esperamos realmente desde el territorio que la base de la información tenga un monitoreo en prolongado en tiempos diferentes. Las comunidades realmente vemos con beneplácito que estos estudios de impacto ambiental que soporten la licencia ambiental puedan realmente garantizar qué es lo que tenemos en territorio, qué son nuestros ecosistemas de manglar y en qué estado están, nuestros pastos marinos, dónde están ubicados y cómo se van a afectar”, señaló.
Recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución No. 000322 del 29 de febrero de 2024, en la cual oficializa el requerimiento de una licencia ambiental para el megaproyecto de «Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique», que busca mitigar los riesgos de sedimentación e inundaciones en la región.
A raíz de dicha resolución, las comunidades de la zona emitieron un comunicado respaldando la decisión de exigir la licencia ambiental para este proyecto, teniendo en cuenta que semanas atrás, la Procuraduría había asegurado que la exigencia de una licencia ambiental no es era un requisito y que las comunidades ribereñas del canal estarían expuestas a inundaciones mientras se tramita una licencia de manera imprevista.
“Las comunidades étnicas que habitamos el Canal del Dique y área de influencia marina, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, respaldamos el requerimiento institucional, toda vez que, una de las deficiencias e incertidumbres más grandes del documento rector del proyecto, denominado “Plan Hidrosedimentológico” es el análisis macro de la región omitiendo las particularidades del territorio, además de la desactualizada información y en ocasiones la ausencia de información total sobre el estado de los recursos naturales; de los cuales dependen directamente nuestra forma de vida, herencia cultural y formas de economía, a través de: pesca, turismo comunitario, turismo de naturaleza, viverismo comunitario, producción agrícola, actividades agropecuarias a pequeña escala y soberanía alimentaria”, expresaron las comunidades y asociaciones del territorio.
