Las comunidades de La Mojana anunciaron que están pensando en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la prolongada crisis humanitaria que afecta a la región desde hace cuatro años, tras el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por tribunales nacionales.
“Le mandamos un SOS al gobierno nacional, le mandamos un SOS al mundo entero sobre nuestra difícil situación, por eso hemos pensado llegar a estas instancias internacionales”, declaró Camilo Daza, líder del Pacto Social por La Mojana, quien destaca que la vulneración de derechos fundamentales ha alcanzado niveles críticos.
La decisión de acudir a la instancia internacional se produce después de agotar recursos legales internos, incluyendo una acción popular que derivó en medidas cautelares en febrero de 2024, y un posterior incidente de desacato presentado en agosto del mismo año ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Los afectados denuncian múltiples violaciones a derechos fundamentales, incluyendo el derecho al trabajo, educación y salud. La crisis ha elevado los índices de pobreza del 85% al 92%, afectando a más de 256,000 personas en la región, mientras las deudas del sector agrícola ascienden a 212,000 millones de pesos.
El abogado Manuel Navarro, especialista en derecho ambiental, señaló que la ausencia de respuesta estatal ha agravado la situación: “Lastimosamente el Estado no está cumpliendo su función social, su función de proteger a estas personas en sus derechos”, recordando que el artículo segundo de la Constitución establece la obligación estatal de garantizar los derechos fundamentales.
La comunidad busca que la instancia internacional reconozca la gravedad de la crisis y ordene medidas de protección inmediatas, especialmente ante la amenaza de un nuevo fenómeno de La Niña que podría agudizar la situación en una región donde las obras de mitigación permanecen paralizadas.
