A los arrendatarios del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, ya se les venció el plazo contractual con la Agencia Nacional de Tierras ANT. Aun así, siguen pagando cánones de arrendamiento, sin que hasta ahora se les hayan definido las nuevas condiciones contractuales.
De esta forma, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el “limbo jurídico” en el que se encuentran los arrendatarios y exigió a la ANT que, a más tardar este viernes 16, de soluciones a la situación de los contratos de arrendamiento y a la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
“Preocupa especialmente al ente de control, la situación de los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023 y que debían entregarse el 3 febrero de 2024, disposición sin resolver a pesar de que ya se estableció la norma regulatoria que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación desde febrero del año anterior”, informó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.
La entidad dio estas declaraciones luego de una reunión con arrendatarios y comunidad, liderada por los delegados para Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos y Agrarios; y la Delegada para la Vigilancia de la Función Pública.
