La reforma pensional en Colombia avanza hacia un punto definitivo mientras la Corte Constitucional evalúa su viabilidad jurídica. El Gobierno Nacional ya puso en marcha una propuesta que redefine el modelo de protección para la vejez y que impacta a millones de ciudadanos.
El proyecto, establecido en la Ley 2381 de 2024, reorganiza el sistema con un enfoque social que prioriza a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Uno de sus ejes principales es el pilar solidario, diseñado para otorgar una renta básica a quienes no cuentan con ingresos suficientes, con el objetivo de reducir la pobreza en esta población.
A su vez, el modelo incorpora un componente semicontributivo que reconoce a quienes realizaron aportes sin alcanzar una pensión. Este mecanismo permite acceder a un ingreso vitalicio proporcional al tiempo cotizado, lo que amplía la cobertura del sistema y busca responder a deudas históricas con trabajadores informales o con trayectorias laborales incompletas.
En cuanto al pilar contributivo, la reforma establece una estructura más organizada para transformar los aportes en una única pensión. Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones operan de manera articulada, mientras el Estado asume un rol activo en la protección del ahorro de los afiliados.
El esquema también mantiene la posibilidad de ahorro voluntario para quienes deseen mejorar sus ingresos en la vejez, sin alterar las reglas actuales. Todo el sistema se apoya en un principio de solidaridad que promueve mayores aportes de quienes tienen más capacidad económica.
La decisión final de la Corte Constitucional marcará el rumbo de esta reforma pensional, en un momento en el que crece la expectativa sobre su impacto en la estabilidad social y económica del país.
