El Gobierno Nacional proyecta recaudar cerca de 8 billones de pesos con el impuesto al patrimonio empresarial creado mediante el decreto de emergencia económica que será firmado este martes.
Sin embargo, el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que esa cifra podría no ser suficiente para cubrir la totalidad de la crisis generada por la ola invernal.
La advertencia no es menor. El balance preliminar presentado por el Ejecutivo registra 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, más de 69.000 familias afectadas, 10 personas fallecidas, cerca de 20.000 hectáreas impactadas y más de 4.100 viviendas destruidas.
El costo estimado de atención asciende precisamente a 8 billones de pesos, lo que significa que el recaudo proyectado cubre apenas el escenario actual, sin margen para nuevas afectaciones.
Y ese es justamente el problema. Los niveles de afectación continúan ampliándose, lo que pone en duda que el impuesto alcance para responder a todo lo que viene.
Ante ese escenario, Ávila dejó abierta la puerta a nuevas medidas. El impuesto al patrimonio constituye, según el ministro, la primera gran medida para atender la emergencia, pero no necesariamente la última.
El tributo se pagará en dos cuotas —50% el 1 de abril y 50% el 4 de mayo de 2026— y aplicará a empresas con patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos.
Los sectores financiero y minero-energético aportarán el 56% del recaudo total con una tarifa del 1,6%, mientras el resto del sector productivo pagará el 0,5%.
Si los recursos resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis, el Gobierno podría expedir nuevos decretos. La emergencia climática, por ahora, no da señales de ceder.
