Alejandro Ramelli puso el foco en las consecuencias que tendría para la Jurisdicción Especial para la Paz el recorte presupuestal planteado. El presidente del tribunal sostuvo que la reducción de $185.000 millones no puede entenderse como un simple ajuste de cifras, pues, a su juicio, dejaría a la institución sin capacidad para cumplir sus funciones.
“Bajarle $185.000 millones, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será, y eso va a dejar que la JEP quede inoperante. Es que esto no es sobre el sueldo de los magistrados, como lo han querido mostrar, que me parece bastante mezquino, además”, afirmó.
El magistrado también cuestionó que la propuesta se presente como una discusión sobre remuneraciones. Según explicó, el presupuesto está relacionado con la posibilidad de que la JEP continúe atendiendo los procesos judiciales y respondiendo a las víctimas del conflicto armado.
Ramelli sostuvo que la reducción desconocería compromisos internacionales asumidos frente al funcionamiento del tribunal. En su declaración, insistió en que esos compromisos incluyen mantener la institución, evitar modificaciones y garantizar los recursos necesarios para su operación.
“El acuerdo internacional dice, ustedes se comprometen a no acabar la JEP, a no modificarla y a no desfinanciarla”, señaló.
El presidente de la Jurisdicción vinculó el debate presupuestal con las respuestas judiciales que han recibido las víctimas, en particular quienes participaron en procesos relacionados con hechos de violencia sexual. Aseguró que el tribunal ha ofrecido respuestas que, según sus palabras, Colombia no había tenido anteriormente.
“Quieren dejar un cascarón vacío, quieren dejar un organismo que no posible para nada y todas estas víctimas que han participado en estos procesos de violencia sexual que por fin tuvieron una respuesta de la justicia que jamás la habían tenido pues se queden finalmente sin una respuesta definitiva”, manifestó.
Para Ramelli, la discusión sobre los recursos de la JEP trasciende el componente técnico y financiero. El magistrado sostuvo que lo que está en juego es la continuidad de las respuestas judiciales, la garantía de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad.
“Mire, este no es un debate simplemente de cifras, este no es un debate únicamente técnico, este es un debate de derechos fundamentales, este es un debate de lucha contra la impunidad, es un debate de la verdad, eso es lo que está de por medio”, concluyó.
