En el Senado de la República fue radicado el proyecto que busca regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos en relación con la rebelión, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en particular para agentes del Estado.
El texto presentado ante el Senado hace parte del anexo 1° del Acuerdo firmado por las Farc y el Gobierno Santos.
Así mismo, fue incluido el numeral 40 del Acuerdo, que señala los delitos no amnistiables ni indultables, es decir aquellos de lesa humanidad como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
También define los delitos políticos como aquellos en los cuales el Estado es considerado víctima, siempre y cuando, hayan sido cometidos sin ánimo de lucro personal.
Para el caso de los agentes del Estado que hayan incurrido en crímenes en desarrollo del conflicto armado, la iniciativa legislativa incluye un tratamiento especial que es equiparable a la amnistía e indulto, como es la cesación del procedimiento y la renuncia a la persecución penal.
El texto deja claro que la dejación de las armas será condición de acceso a la amnistía, que una vez otorgada podrá ser revocada por solicitud de cualquier autoridad, cuando se haya constatado que la persona volvió a delinquir con posterioridad a la firma del Acuerdo Final.
También el proyecto de ley contempla el otorgamiento de amnistía a los delitos conexos a esta ley, los cuales están claramente definidos como aquellos en los que incurre una persona para cometer, facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión u otro delito político.
