La prohibición de las corralejas no representa únicamente el fin de una tradición centenaria: constituye la condena a la ruina de miles de familias en la Costa Caribe. Mientras la Corte Constitucional celebra su decisión y el Gobierno Nacional aplaude, ganaderos, jornaleros, músicos y comerciantes se preguntan: ¿qué será de ellos cuando la última corraleja se apague?
El conocedor y defensor de estas tradiciones, Pepe Sierra, compartió la lista de ganaderías que hoy quedan en riesgo de desaparecer:
- San Antonio – Milad José Barguil (Cereté, Córdoba)
- Jerusalén – Arturo Berrío (Planeta Rica)
- Santa María de los Ángeles – Garibaldi Hoyos (Sahagún)
- La Sofía – Apolinar Lozano (Planeta Rica)
- El Diamante – Hermanos Muñoz (Pueblo Nuevo)
- El Raicero – Gabriel Garrido (Sincelejo)
- La Valentina – Álvaro Oliver (Sincelejo)
- La Trinchera – Hermanos García (Tamara, Sincelejo)
- Río de Oro – Héctor Garrido (Sincelejo)
- La Tentación – Hermanos Cerro (Buena Vista, Sucre)
- San Carlos – Carlos González (Sahagún)
- Tierra Grata – Laureano Sierra (Sahagún)
- La Pradera – Hermanos Martínez Muñoz (Buena Vista, Córdoba)
- San Fermín – Hermanos Anaya (Montería)
- El Principio – JJ Vettel (San Antonio de Palmito, Sucre)
- Taurinas de la Costa – Mane Bornacelly (San Benito, Sucre)
En conjunto, estas ganaderías poseen más de 15.000 toros de lidia. ¿Qué ocurrirá con esos animales y con las familias que los crían? La prohibición no ofrece respuestas. Y no se trata únicamente de los ganaderos: involucra a jornaleros, vaqueros, obreros que construyen las corralejas, manteros, garrocheros, banderilleros, vendedores ambulantes y todo un ecosistema laboral que depende de estas festividades.
El dirigente Juan Carlos Bula lo ha expresado con claridad:
“No es únicamente un toro en la arena. Es toda una cadena económica que depende de esa fiesta: el mantero, el que vende cerveza, el músico de la banda, el campesino que alquila su caballo. Cuando la Corte prohíbe las corralejas, condena también a la miseria a centenares de familias que viven de esto.”
Los datos lo confirman: durante las Fiestas del 20 de Enero en Sincelejo, la ocupación hotelera alcanza el 100%, los restaurantes duplican sus ventas y el comercio informal encuentra en esos días su mejor oportunidad del año. No es “barbarie”, como declaran desde los estrados; es economía real que sustenta la vida del Caribe.
Según Sierra, en Colombia se realizaban cerca de 395 corralejas al año. Cada una contrataba entre 5 y 6 bandas de música, proporcionando empleo a centenares de músicos populares que, sin estas fiestas, quedarán en el olvido.
Las corralejas no solo constituían el sustento de campesinos y ganaderos, sino también el escenario natural de las bandas de viento, símbolo cultural del Caribe. Su desaparición amenaza con borrar no solo empleos, sino también parte de la identidad musical de la región.
El fallo de la Corte se justifica en el bienestar animal, causa noble y legítima. Sin embargo, lo hace ignorando el bienestar humano. En la balanza, los toros fueron defendidos mientras la gente fue condenada.
Cuando se habla de violencia o desmanes asociados a estas fiestas, conviene recordar una verdad incómoda: el fútbol en Colombia genera mucho más maltrato hacia el ser humano. En cada jornada se reportan actos vandálicos, peleas entre barras bravas, destrucción del espacio público e incluso muertes. No obstante, a nadie se le ocurre prohibir el fútbol.
Esta comparación revela una doble moral: se castiga con dureza una tradición popular costeña mientras se tolera la violencia urbana de los estadios.
Más grave resulta la postura del Gobierno Nacional. En lugar de presentar un plan de transición económica o cultural, se limitó a festejar la prohibición. Se aplaude desde los ministerios lo que se vive como tragedia en las plazas de la Costa.
No existe hasta ahora una política seria para responder preguntas fundamentales: ¿qué hacer con las 15.000 reses de lidia? ¿Qué alternativas tienen los jornaleros? ¿Qué ocurrirá con las bandas de música? El silencio gubernamental constituye una forma de abandono.
Frente a este panorama, el Congreso de la República y los gobernadores de Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira tienen la obligación moral y política de reaccionar. No pueden permitir que la Costa sea borrada de un plumazo.
Se necesitan planes de reconversión productiva, inversión en turismo cultural, ferias gastronómicas, festivales de música, estímulos para el arte popular y oportunidades dignas para quienes perderán su sustento. Si la Corte prohíbe, corresponde al Estado garantizar alternativas reales con recursos efectivos, no con discursos vacíos.
La prohibición de las corralejas trasciende el fin de una tradición: refleja cómo en Colombia se toman decisiones desde la distancia, desconociendo el sentir y la vida de las regiones.
Hoy se celebra en Bogotá lo que en Sincelejo, Sahagún, Cereté, Sincé, Planeta Rica, La Unión, San Marcos, Caucasia y Montelíbano se llora como pérdida. Lo más doloroso es que el Gobierno no solo calla, sino que aplaude.
Cuando en tres años se apague la última corraleja, la pregunta seguirá siendo la misma que lanzó Pepe Sierra: ¿qué será de esta gente?
Si el Congreso y los gobernadores no actúan de inmediato, la respuesta será clara: desempleo, miseria y olvido. Y la historia dirá que mientras la Costa pedía auxilio, el Estado estaba celebrando.
Porque aquí en el Caribe lo sabemos bien: quien le quita la fiesta al pueblo, le quita también la vida.
