La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertos 195 expedientes contra servidores públicos por presunta participación indebida en política, una cifra que reveló el procurador general, Gregorio Eljach, tras el cierre de la segunda vuelta presidencial.
El jefe del Ministerio Público entregó el balance durante su intervención en la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales. Ese mismo día inspeccionó las comisiones escrutadoras instaladas en el centro de eventos Corferias, en Bogotá, donde jueces y notarios consolidan la votación que favoreció a Abelardo de la Espriella en el preconteo.
Eljach precisó que trece de esos casos ya derivaron en la suspensión provisional de los funcionarios implicados. Según explicó, algunos expedientes avanzan con rapidez y podrían llegar pronto a la etapa de pliego de cargos.
La indagación más reciente recayó sobre Daniel Quintero Calle, superintendente de Salud y exalcalde de Medellín. El organismo abrió el proceso a partir de una entrevista en la que el funcionario habría respaldado la candidatura de Iván Cepeda, conducta que la ley prohíbe a los empleados del Estado.
El procurador defendió el ritmo de las actuaciones y pidió respetar las garantías de los investigados. “Los procedimientos no son tan veloces como a veces la opinión quisiera, pero tenemos que darle garantía del debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa a todos los involucrados”, manifestó.
La Constitución permite a los servidores tener opiniones, pero les prohíbe promover candidaturas, usar recursos estatales en campañas o presionar el voto. Quien incumple se expone a sanciones que llegan a la inhabilidad.
