La Gobernación de Córdoba figura entre las 11 administraciones departamentales señaladas por la Procuraduría General de la Nación por no formular ni adoptar su Plan Local de Seguridad Vial (PLSV), incumpliendo la obligación establecida en la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) para reducir muertes y lesiones en accidentes de tránsito.
La advertencia de la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública coloca a Córdoba junto a Amazonas, Antioquia, San Andrés, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Vaupés como departamentos que no cuentan con esta herramienta clave para salvar vidas en carreteras, pese a la obligatoriedad legal vigente.
El Ministerio Público exigió a la administración departamental establecer cronograma con responsables y plazos, designar equipos técnicos idóneos, coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la asistencia necesaria y explicar causas del atraso junto con medidas correctivas que adoptará para cumplir la normativa.
La Ley Julián Esteban establece que los PLSV deben armonizarse con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante Decreto 1430 de 2022, instrumentos diseñados para prevenir siniestralidad vial que cobra vidas en vías departamentales y municipales.
La Procuraduría insistió en que “cumplir con esta obligación no es solo un trámite legal, sino un compromiso real con la ciudadanía, pues se trata de prevenir muertes y lesiones graves” y garantizar entornos de movilidad seguros para los cordobeses que transitan diariamente por la red vial departamental.
