La Procuraduría General de la Nación solicitó a un juez de Garantías de Bogotá aceptar la petición de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 11 personas señaladas de aparentemente realizar trámites de manera fraudulenta para apropiarse de millonarios recursos del fondo de prestaciones sociales del magisterio cordobés.
Dentro de los investigados se encuentran funcionarios públicos del municipio de Lorica, además de empleados judiciales y abogados señalados por el ente investigador de obtener en forma fraudulenta, de parte del Ministerio de Educación Nacional y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba, desembolsos de dinero soportados en documentos falsos.
Las once personas aseguradas son: Alberto Aparicio Ávila, Secretario de Educación de Lorica; Edwin de Jesús Salgado Guerrero y Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa, secretarios del Juzgado Civil del circuito de Lorica y el vicepresidente de la Fiduprevisora, Jorge Eliécer Peralta Nieves.
También fueron cobijados con la misma decisión los abogados litigantes Álvaro Enrique Burgos del Toro, Zamir Antonio Chagüis Flórez, Albeiro Ramón Mangonés Figueroa, Jesús Eduardo Mangonés Renal, Álvaro Antonio Narváez Llorente, Guillermo Raúl Renal Nova y Ramón Enrique Puentes Álvarez.
Los hechos fueron puestos al descubierto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al decretar la nulidad de los procesos que reconocían esos derechos y que hoy son objeto de esta actuación penal, por los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricatos y peculados en concurso homogéneo y heterogéneo.
