La Procuraduría General de la Nación activó acciones de vigilancia preventiva frente a la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto. El organismo instó a las entidades competentes a garantizar una respuesta oportuna y la protección de la población damnificada.
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social lideró esas actuaciones. Esa dependencia conminó a las entidades del sector salud a reforzar la coordinación para asegurar la atención hospitalaria, los servicios de urgencias y la entrega de medicamentos.
Uno de los requerimientos apunta a eliminar las barreras de acceso que puedan enfrentar los afectados al buscar atención médica en las zonas golpeadas.
El organismo solicitó a la ADRES priorizar los recursos ECAT, destinados a cubrir la atención de víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito.
También requirió al FOMAG, a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación asegurar la continuidad en la atención en salud de los docentes vinculados al magisterio.
La Procuraduría activó además una alerta preventiva sobre el Sistema de Sanidad Militar y pidió garantizar la cobertura en riesgos laborales de los voluntarios convocados para atender la emergencia, conforme al Decreto 1809 de 2020.
Al Departamento para la Prosperidad Social le exhortó a mantener el acceso de la población afectada al sistema de transferencias monetarias y a fortalecer la articulación con la UNGRD y los entes territoriales.
