El procurador general Gregorio Eljach solicitó a la Corte Constitucional declarar válido el impuesto al patrimonio establecido durante la emergencia económica que decretó la administración de Gustavo Petro en diciembre pasado, pese a considerar inconstitucional el estado de excepción.
En un documento de 45 páginas, el Ministerio Público pidió mantener el tributo para contribuyentes con patrimonios superiores a 40 mil unidades de valor tributario, equivalentes a 2,09 mil millones de pesos al primero de enero.
El Decreto 1474 de 2025 estableció diversas tarifas transitorias en 33 artículos, incluyendo IVA del 19% para bebidas alcohólicas, gravamen al consumo de cigarrillos y el mencionado impuesto patrimonial para personas naturales y jurídicas.
Según la Procuraduría, este tributo no alcanza “niveles confiscatorios”, resulta progresivo al incrementar porcentajes según el patrimonio y se enfoca en “contribuyentes con mayor capacidad económica”, aportando al financiamiento estatal.
Respecto al IVA para licores, el concepto lo avala siempre que lo recaudado se destine “exclusivamente” a resolver la crisis del sector salud. El documento señala la urgencia de atender el déficit de la unidad de pago por capitación (UPC).
La Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud proyecta girar 101 billones de pesos en 2026, mientras las EPS reportan una siniestralidad del 109,5%, generando un déficit de 5,95 billones.
La Corte Constitucional suspendió el 29 de enero la emergencia económica con seis votos a favor, rompiendo su jurisprudencia de 1994 que impedía frenar decretos legislativos.
El Gobierno de Petro radicó una solicitud de nulidad argumentando que el precedente de hace tres décadas lo “obliga” a mantener coherencia constitucional. El tribunal tiene plazo hasta el 16 de abril para resolver definitivamente.
