La Procuraduría General de la Nación le envió este miércoles un requerimiento formal a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, exigiéndole información detallada sobre el estado actual de la entidad y un pronunciamiento claro sobre el futuro de la medida de intervención forzosa administrativa que pesa sobre la aseguradora desde hace dos años.
La comunicación fue firmada por la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, y otorgó un plazo de tres días hábiles para responder.
El documento, radicado bajo el número DCTS 06959, solicita siete puntos concretos. Entre ellos, que la Supersalud informe si la Nueva EPS continúa incursa en las causales que justifican mantener la intervención, que remita el concepto del Comité de Medidas Especiales que sustentó la prórroga de un año aprobada el 2 de abril de 2025, y que entregue los informes mensuales de la contralora designada para el proceso.
El requerimiento de la Procuraduría expone además una serie de fallas detectadas en el funcionamiento de la Nueva EPS durante la intervención. La entidad aún no cumple plenamente las órdenes de la Supersalud en materia de reporte de información financiera, mantiene anticipos a prestadores como práctica ordinaria en lugar de excepcional, no ha modernizado integralmente su sistema de cuentas médicas y opera procesos críticos en hojas de cálculo Excel. Persisten además vínculos comerciales sin contrato formal y riesgos en ciberseguridad por dependencia de un único datacenter.
La Procuraduría también solicitó el acta de la Asamblea de Accionistas del 31 de marzo de 2026 y el informe mensual de verificación de febrero de 2026, cuyo plazo de entrega venció el 10 de marzo sin que la Supersalud lo hubiera recibido.
