La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Eduardo José González Angulo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en la supervisión de los proyectos de reconstrucción y mitigación del riesgo en Mocoa, Putumayo.
“Investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, por posibles irregularidades en la fiscalización efectuada a los proyectos de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha presentada en 2017“, indicó el Ministerio Público.
Según el ente de control, cinco años después de la avalancha ocurrida en 2017, las obras de mitigación en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco, Mocoa y la quebrada Taruca presentaban retrasos significativos.
A abril de 2022, no se había contratado ni entregado ninguna obra en la parte alta y media de estos afluentes.
Desde el 25 de marzo de 2020, la UNGRD destinó más de $185 mil millones al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) para ejecutar 56 obras en las zonas media y baja de las cuencas.
Sin embargo, para inicios de 2022, ninguna había sido finalizada. Solo hasta el 31 de diciembre de 2021 la Alcaldía de Mocoa entregó una obra en la parte baja del río Sangoyaco.
El Ministerio Público señaló que los retrasos estarían relacionados con demoras en la firma de los contratos de interventoría, los cuales se habrían suscrito e iniciado mucho después de los contratos de obra.
Como consecuencia, se investiga si esta situación pudo haber puesto en riesgo a las comunidades ubicadas en la parte alta del río Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial que permita establecer el estado actual de los proyectos, el porcentaje de avance de las obras y los contratos del Plan de Acción Específico (PAE) 2017 desde 2020.
También busca determinar si persisten riesgos para las comunidades debido a las demoras o fallas en la ejecución de los proyectos.
