La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reabrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados (RUD), luego de identificar familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que quedaron por fuera del proceso de registro y que, según el Ministerio Público, permanecen en situación de riesgo.
Dicha solicitud surgió tras las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial en Risaralda, Quindío y Caldas, donde funcionarios escucharon a gobernadores y alcaldes sobre las dificultades que persisten para atender a los damnificados.
Durante estos encuentros, las autoridades territoriales señalaron que el cierre del RUD, ocurrido el 4 de septiembre, dejó por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas de ruralidad dispersa y territorios étnicos. Además, indicaron que el registro tuvo que cargarse antes de finalizar las evaluaciones técnicas de las viviendas.
El Ministerio Público también encontró dificultades para actualizar la información sobre el estado de los inmuebles y para incorporar los daños ocasionados por las réplicas. Según el comunicado, se han registrado más de 1.300 sismos asociados al evento principal, situación que habría agravado las afectaciones en algunas viviendas.
Ante este panorama, la Procuraduría instó a la UNGRD a habilitar nuevamente el RUD y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de incorporar a quienes quedaron excluidos y permitir la actualización de la clasificación de las viviendas afectadas.
El organismo de control también pidió agilizar la entrega de los auxilios económicos y garantizar que las ayudas lleguen a las familias damnificadas. Las autoridades locales reportaron que estos recursos aún no han llegado a algunas familias y que su distribución entre municipios no ha sido homogénea.
La Procuraduría además solicitó apoyo para disponer de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla destinada a las evaluaciones, demoliciones y retiro de escombros, así como garantizar un enfoque diferencial para las comunidades étnicas.
