La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de oficio de cinco indagaciones preliminares para establecer si en las recientes operaciones militares contra estructuras criminales armadas se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de al menos quince menores de edad durante estos operativos, situación que el Ministerio Público calificó como una circunstancia que exige un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo.
El propósito central de estas indagaciones es verificar si se observaron los principios del DIH que rigen la conducción de hostilidades, especialmente los de precaución, humanidad y proporcionalidad. La Procuraduría busca establecer si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.
El órgano de control reiteró que el reclutamiento y utilización de menores por grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional no susceptible de amnistía, repudiado por el ordenamiento jurídico colombiano y la comunidad internacional. El comunicado enfatizó que no existe justificación válida para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra.
La Procuraduría aclaró que el DIH reconoce que las Fuerzas Militares pueden adelantar operaciones ofensivas, incluso bombardeos, contra objetivos legítimos integrados por combatientes, aun cuando entre ellos se encuentren menores reclutados ilícitamente. Sin embargo, destacó que esto exige al Estado la máxima observancia de los principios de precaución y proporcionalidad, así como la adopción de todas las medidas factibles para minimizar el daño a población especialmente protegida.
