El presidente Gustavo Petro reveló en Consejo de Ministros su plan para disolver las Entidades Promotoras de Salud bajo intervención estatal, argumentando el colapso financiero del modelo actual de aseguramiento en el país.
La propuesta llega después de que el Consejo de Estado emitiera un pronunciamiento sobre el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación.
La Sala determinó que las aseguradoras pueden utilizar estos fondos para cancelar obligaciones de periodos anteriores, siempre que no comprometan la atención médica ni se trate de compromisos vencidos.
El concepto jurídico responde a una consulta del Ministerio de Salud sobre la aplicación del principio de anualidad —norma que obliga a ejecutar presupuestos dentro del mismo año fiscal— a los recursos de la UPC. La Sala concluyó que esta regla no aplica porque estos fondos no forman parte del presupuesto general nacional y poseen destinación exclusiva.
“Aseguramiento financiero ha sido un fracaso”, declaró el mandatario al justificar su decisión. Petro resaltó que los indicadores del sistema permanecen estancados desde hace más de una década sin mejoras significativas.
El jefe de Estado denunció que las EPS desvían recursos destinados a atención actual para pagar deudas pasadas, práctica que calificó como “una estafa al Estado”. El mandatario sostiene que el modelo privado no ha generado avances en el bienestar ciudadano.
Los números reflejan la crisis: diez entidades vigiladas acumulaban pasivos por $12,8 billones a mediados de 2025, con alta morosidad frente a prestadores. Además, 29 EPS arrastran compromisos de $39 billones heredados de gobiernos previos.
