Desde el lunes 10 de febrero rige la presidencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar en la Corte Constitucional, acompañado de Paola Meneses Mosquera en la vicepresidencia. Su mandato llega con múltiples frentes de atención inmediata.
Sobre esos asuntos conversó en su despacho con La Razón.co. Más que sus posiciones deliberatorias o conceptos por adelantados que no puede exponer para evitar recusaciones, explicó algunos procesos y ofreció su visión sobre diversos asuntos.
Conmoción interior
Uno de los temas de los que el país está atento es qué decidirá la Corte sobre el decreto que declaró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander; y los municipios de González y Río de Oro, Cesar.
El gobierno dice que se requieren acciones extraordinarias por el nivel de violencia que protagonizó el ELN en su enfrentamiento con las disidencias de las Farc y contra la población civil, que derivaron en una crisis humanitaria con más de 54 mil desplazados.
Entre tanto, los críticos advierten que se puede atender el problema sin medidas excepcionales que pudieran prestarse para otras acciones por parte del Ejecutivo.
El magistrado, siempre cuidándose de no polemizar y con un tono sereno, se limitó a explicar cómo será ese proceso, sobre el cual vaticina que a más tardar a mediados de marzo habría una decisión.
“A partir de la declaratoria del Estado de Conmoción que tiene la descripción de unos hechos que sirven de fundamento, lo que le corresponde a la Corte ahora es analizar si efectivamente esos hechos se dieron, la magnitud de los mismos, si afectaron la estabilidad institucional, la convivencia pacífica, y verificar las medidas que se vienen adoptando que sean conexas con esa situación”, explicó Ibáñez.
Lo que sí dejó claro es que el análisis central debe estar apegado al artículo 213 de la Constitución, donde se establece la figura invocada por el gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, los demás elementos que se argumenten estarán en la sentencia. No se anticipó a ellos. La magistrada que tiene a cargo el estudio sobre el tema es la vicepresidenta Meneses Mosquera.
Relación con Petro
Ibáñez, de trato afable y formal, mantuvo esa posición para referirse al presidente. Incluso, evitó confrontación y le dio el beneficio de la duda sobre las reacciones inmediatas, que para otros han sido salidas en falso, al referirse a decisiones, principalmente del Consejo de Estado, la Procuraduría y otros entes. Señaló que ambos deben estar en la tarea de defender la Constitución.
“El presidente como cualquier ciudadano puede observar, criticar, una decisión judicial sea de esta corte, de otra, o de cualquier otra autoridad judicial y hacer sus respectivas recomendaciones. También parto del supuesto que en una primera oportunidad puede reaccionar rápidamente, porque todavía no tiene el conocimiento del alcance y del contenido de la decisión, pero también soy consciente que cuando lo tiene, él o cualquier otra autoridad, finalmente, terminan reconociendo que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado o la autoridad judicial que se trate, ha adoptado una decisión conforme a derecho y, por lo tanto, lo que procede, como ha sucedido, es cumplirla”, manifestó el magistrado.
Expresó que a pesar de fuertes reacciones, el gobierno ha sido respetuoso en el cumplimiento de los mandatos de la justicia y comentó que al final “todos debemos colaborar armónicamente en la organización de los fines del Estado”.
Nuevos magistrados
Un punto que sale de lo judicial y llega al político es la sustitución de los magistrados cuyos períodos se vencen. Aunque sus decisiones deben hablar basados en el derecho, por el mecanismo de elección en el imaginario público siempre se tejen versiones sobre los orígenes o el respaldo político para llegar a esas dignidades. Pero el magistrado dejó de lado esa hipótesis de las cuotas.
“Yo, primero, confío en que muchos ciudadanos abogados que quieran integrar esta corporación se presenten en las convocatorias que hagan las corporaciones y el gobierno. Segundo, que conformarán candidatos con altísimas calidades y comprometidos con la defensa del orden constitucional”, dijo Ibáñez.
Los magistrados que salen por vencimiento de periodo son tres: Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes, en mayo julio y septiembre de 2025.
En el caso de la primera, su reemplazo deberá surgir de la nominación de una terna de Petro para que se elija en el Senado, mientras que las otras dos vacantes deben ser suplidas por ternas de la Corte Suprema de Justicia que también escogerán en votación los senadores.
Recalcó que el objetivo debe ser garantizar la supremacía de la Constitución, “sin ningún otro interés distinto que él, tal como lo venimos haciendo”.
Reforma pensional
El magistrado recordó que ya se definió una recusación y por ende “una vez registrada la ponencia, en el curso de la semana, la Sala Plena tenga la oportunidad de resolver el tema a mediados de marzo, a más tardar”. Esa decisión es sobre una de las varias demandas, la cual va más adelantada.
Salud
En cuanto a las exigencias al gobierno para que garantice los recursos suficientes por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el promedio anual de recursos que reciben las EPS por cada afiliado; y los presupuestos máximos que es lo requerido para tecnologías y otros ítems no cubiertos por la UPC, para lo cual el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pidió aclaración; informó que “la Sala de Seguimiento de Salud está revisando esa solicitud para adoptar la decisión que en derecho corresponda”.
