La Corte Suprema de Justicia recopila nuevas pruebas dentro del proceso que adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por su presunta participación en el denominado “carrusel de las pensiones” de docentes en el departamento de Córdoba.
Según la investigación, los pagos a docentes se habrían ordenado mediante sentencias judiciales tramitadas de forma irregular por secretarías de Educación locales, que reconocían pensiones o reajustes sin cumplir los requisitos legales. El despacho de Farfán intenta establecer si Benedetti habría intervenido para acelerar esos desembolsos desde la Fiduprevisora.
La decisión fue tomada por el magistrado Francisco Farfán, quien lidera el expediente, con el objetivo de esclarecer si el entonces congresista gestionó pagos irregulares de pensiones a través de la Fiduprevisora a cambio de presuntos beneficios económicos. Los hechos investigados datan de 2010, cuando Benedetti hacía parte del Congreso.
Como parte de esta nueva fase, el alto tribunal citó a declarar a cuatro testigos considerados determinantes: Álvaro Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals, Catherine Cogillo y Leonardo Pinilla, este último reconocido por su participación en el escándalo del “cartel de la toga”. Sus testimonios buscarán aportar elementos que permitan definir si el hoy ministro incurrió en los delitos de concusión y tráfico de influencias.
Este caso es uno de los siete procesos que la Corte Suprema mantiene abiertos en contra del ministro Benedetti. La reactivación del expediente ocurre mientras el funcionario enfrenta cuestionamientos por su reciente confrontación con la magistrada Cristina Lombana, a quien acusó de abuso de poder.
