El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó la propuesta del Ministerio de Transporte para ampliar las tarifas diferenciales en los peajes Garzones 1, Garzones 2, Las Flores y La Esperanza, al considerar que los anuncios se producen en un momento políticamente sensible.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental calificó la iniciativa como “politiquería pura y dura“, en referencia al borrador de resolución con el que el Gobierno Nacional busca modificar el esquema tarifario en estaciones de peaje ubicadas en Córdoba y Sucre.
La reacción se produjo luego de conocerse un documento en el que el Ministerio propone ampliar significativamente el número de beneficiarios de tarifas diferenciales, pasando de 1.621 a 6.342 usuarios, además de unificar categorías especiales y extender descuentos a nuevos municipios de ambos departamentos.
Según la propuesta, los beneficiarios de la categoría especial IE pagarían una tarifa diferencial de $2.500 en los peajes Garzones 1, Garzones 2, Las Flores y La Esperanza, mientras que los usuarios de la categoría IIE tendrían una tarifa de $4.800.
En Córdoba, la iniciativa contempla ampliar los beneficios a residentes de municipios como San Pelayo, Cotorra y Ciénaga de Oro, además de incluir nuevos grupos de transportadores. De acuerdo con los cálculos del propio estudio, los beneficiarios en los peajes Garzones 1 y 2 pasarían de 285 a 2.503 usuarios.
En Sucre, el proyecto también propone incorporar a nuevos municipios y ampliar la cobertura en los peajes Las Flores y La Esperanza.
La postura de Zuleta llama la atención porque durante los últimos meses ha mantenido una posición crítica frente al esquema de peajes en el departamento.
En varias oportunidades reclamó revisiones tarifarias, mayores beneficios para las comunidades cercanas a las estaciones de cobro y explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados.
Sin embargo, el gobernador considera que la oportunidad en la que surge esta propuesta genera interrogantes, al coincidir con un periodo de intensa actividad política y electoral.
Por ahora, el proyecto no ha sido adoptado oficialmente. El borrador deberá surtir el proceso de consulta pública y los trámites administrativos correspondientes antes de convertirse en una resolución definitiva del Ministerio de Transporte.
