Desde hace dos semanas, un plan pistola ejecutado presuntamente por el Clan del Golfo ha dejado un saldo de 15 uniformados asesinados en Colombia.
Las zonas más afectadas han sido los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, donde los ataques a policías y militares se han intensificado a través de sicarios, francotiradores y el uso de explosivos como granadas.
De los 15 muertos; 11 eran policías y 4 eran miembros de las Fuerzas Militares. La ofensiva criminal, que se interpreta como una retaliación por golpes recientes contra el Clan del Golfo, ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
Durante la Cumbre de Gobernadores en Yopal, los mandatarios locales solicitaron al presidente Gustavo Petro levantar el cese al fuego vigente, argumentando que tanto soldados como policías tienen “las manos atadas” frente a esta amenaza.
Hasta ahora, las principales medidas adoptadas por el Gobierno incluyen la oferta de recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los autores materiales de los ataques y 20 millones de pesos por información que permita prevenir nuevas agresiones.
El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, calificó a los responsables como sicarios sin capacidad de enfrentar directamente a la fuerza pública. Expertos insisten en la necesidad de ordenar el acuartelamiento de primer grado y reforzar la custodia militar de las estaciones de Policía.
