Cúcuta será el 14 de marzo el punto de encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta (e) venezolana Delcy Rodríguez. Una cita que no llega en blanco, apenas tres semanas antes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, regresó de Caracas con una conclusión incómoda bajo el brazo.
Ecopetrol no podrá ser el canal para importar gas venezolano. El motivo es un muro legal y diplomático, las sanciones de Estados Unidos exigen una licencia expresa de la OFAC —la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro— para que la estatal colombiana pueda operar con PDVSA.
Tramitarla, según Palma, sería “complejo y demorado”, y Colombia no tiene ese tiempo. El país enfrenta un déficit proyectado del 20% en su demanda de gas para 2026.
Con Ecopetrol fuera del esquema, el gobierno busca alternativas más ágiles. Una de ellas pasa por la reactivación del Gasoducto Antonio Ricaurte, la infraestructura binacional construida en 2007 que lleva años sin operar regularmente.
Venezuela asegura tener su tramo listo. El problema está del lado colombiano: rehabilitarlo requiere una inversión cercana a los 60 millones de dólares y un plazo de ejecución superior a seis meses.
Es en ese escenario donde Petro y Delcy Rodríguez se sentarán a negociar en Cúcuta. Sobre la mesa también estará el futuro de Monómeros, la empresa de fertilizantes con capital venezolano que opera en Barranquilla y que desde hace años concentra tensiones entre Bogotá y Caracas por su control y administración.
Lo que queda por resolver es cómo traducir las intenciones en acuerdos concretos cuando el obstáculo no es bilateral sino Washington. La reunión del 14 de marzo dirá si hay camino o si los anuncios vuelven a adelantarse a los hechos.
